El flamante Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat), organismo constituido por la Ley azucarera, comenzará a funcionar el miércoles. Y en el primer encuentro, el organismo avanzará en la definición del régimen de control de la producción y la reglamentación de las garantías en depósitos y la liberación de los azucares para la exportación y la fabricación de alcohol.
La integración del Ipaat fue confirmada esta semana a través del Decreto 761/9 del Ministerio de Desarrollo Productivo (MDP). Según el artículo 5 de la Ley 8.573, seis representantes del Poder Ejecutivo, industriales y productores cañeros, dos por cada sector, integrarán el cuerpo administrativo, que tiene por misión controlar el destino de la producción de azúcar y de alcohol y establecer sanciones para los ingenios que incumplan con los cupos para la venta al exportación. Así, Jorge Feijóo, ministro de la Producción, y Roberto Palina, titular de Fotia (el gremio de trabajadores) y legislador oficialista en uso de licencia, serán los portavoces de la Casa de Gobierno. Alejandro Poviña y Eduardo Rothe serán los delegados de los empresarios. Mientras que los cañeros de la provincia estarán representados por Bernabé Alzabé, de la Unión Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT) y Edumndo "Otto" Gramajo, del Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán (Cactu).
"Se establecerán sistemas uniformes para el control de la molienda que realicen los ingenios", comentó el ministro de la Producción en relación al primer punto de la agenda, que será analizada en el primer encuentro del Ipaat.
El miércoles se fijará también el "procedimiento para la constitución de las garantías y la liberación de los azúcares para la exportación y la producción de alcohol". "Se determinará cómo estarán constituidos los azúcares en depósitos y para la liberación", explicó Feijóo, quien fue designado presidente del Ipaat.
Reclamo de UCIT
UCIT había exigido días atrás la conformación del Instituto de Promoción del Azúcar y el Alcohol ante la cercanía del inicio de la zafra 2013, como lo establece el artículo 5 de la Ley provincial 8.573.
La entidad, que nuclea a los pequeños y medianos cañeros, reclamó al Gobierno una nueva y "urgente" intervención para que se cumpliera el compromiso asumido por los industriales mediante convenios oficiales. "La puesta en vigencia de la Ley 8.573 no contempla acuerdos firmados con anterioridad. De allí el interés del sector cañero para que se ejecuten las garantías, tanto las de responsabilidad de los industriales como la del Estado", afirmó UCIT en un nota presentada ante el Ministerio de Desarrollo Productivo.